Ciudad de México, 8 de marzo de 2025.- Con la decisión de la jueza de control, Patricia Sánchez Nava, de mantener en prisión preventiva a los cuatro excolaboradores del gobierno de Silvano Aureoles, detenidos por ocasionar daños al erario por más de 3 mil 400 millones de pesos, se manda un mensaje contra los funcionarios corruptos; pero la razón principal para mantenerlos en la cárcel fue que mintieron a la jueza sobre sus domicilios, lo cual podría ser un indicio de que se pudieran fugar.
Tras la audiencia iniciada el jueves de esta semana y que terminó ayer viernes, la jueza determinó que los acusados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa seguirán en prisión preventiva por tres meses, dado que el juicio inicia el 7 de junio.
Carlos “N”, exsecretario de Finanzas; J. Antonio “N”, exsecretario de Seguridad; Elizabeth “N”, exdelegada Administrativa de la SSP; y Mario “N”, exdelegado Administrativo de la SSP habrían participado en las irregularidades por más de 3 mil 400 millones de pesos tras la compra a sobreprecio de siete cuarteles para la Policía Michoacán en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En tanto, el exgobernador Silvano Aureoles se encuentra prófugo de la justicia.
