Por Alejandro Castañeda
Hablar de derechos humanos en el México contemporáneo no puede limitarse al reconocimiento jurídico de esos derechos. El verdadero desafío consiste en crear las condiciones económicas y sociales para que puedan ejercerse de manera efectiva.
En un país donde persisten profundas desigualdades, empleos precarios, bajos ingresos y dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y alimentación, resulta necesario preguntarnos si el modelo económico dominante está realmente colocando a las personas y su dignidad en el centro de sus decisiones.
En este contexto, el cooperativismo representa mucho más que una forma de organización empresarial. Es una alternativa basada en la ayuda mutua, la solidaridad, la participación democrática y la distribución colectiva de los beneficios. Su principio de una persona, un voto plantea una diferencia fundamental frente a los modelos donde el poder económico determina también la capacidad de decisión.
La propia Constitución reconoce, en su artículo 25, al sector social de la economía como parte del desarrollo nacional. Ahí tienen un espacio fundamental las cooperativas, junto con ejidos, comunidades y organizaciones de trabajadores.
No se trata, por supuesto, de presentar al cooperativismo como una solución mágica. Una cooperativa también enfrenta problemas de financiamiento, capacitación, comercialización, tecnología y organización. Sin embargo, su importancia radica en que propone una manera distinta de entender la actividad económica: no como un mecanismo destinado exclusivamente a generar ganancias, sino como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de quienes participan en ella.
En el ámbito laboral, esta perspectiva adquiere especial relevancia. Cuando los trabajadores participan en la propiedad y en las decisiones de una organización, dejan de ser considerados únicamente como un factor de producción y adquieren una responsabilidad directa sobre el rumbo de su actividad económica.
En las comunidades rurales e indígenas, además, la organización colectiva puede contribuir a fortalecer la economía local, preservar conocimientos y formas de vida y evitar que productores y artesanos queden sometidos a intermediarios que se llevan una parte desproporcionada del valor generado por su trabajo.
Pero para que ese potencial se convierta en realidad se requieren políticas públicas. El Estado no debe limitarse a reconocer jurídicamente al cooperativismo; necesita generar condiciones para su desarrollo, facilitar capacitación, financiamiento, asistencia técnica y acceso a mercados, sin convertir a las cooperativas en instrumentos clientelares o de control político.
También es indispensable combatir la simulación. Las llamadas “falsas cooperativas” utilizadas para evadir obligaciones fiscales o laborales han perjudicado a trabajadores y han contribuido a desacreditar un modelo que, bien aplicado, puede ser profundamente democrático.
El cooperativismo necesita recuperar su dimensión social y colocarse nuevamente en el debate público. No como una fórmula del pasado, sino como una posibilidad para construir una economía donde el trabajo, la participación y la dignidad humana tengan mayor peso que la concentración de la riqueza.
Porque los derechos humanos no se garantizan únicamente con leyes. También necesitan condiciones económicas, organización social y comunidades capaces de ejercerlos. En esa tarea, el cooperativismo puede ser una de las herramientas para avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y democrática.
