Por/Lorena Cortés
A un año de su asesinato, Carlos Manzo representa mucho más que la memoria de un alcalde. Su historia se encuentra con la de Bernardo Bravo, los presidentes municipales y policías asesinados, los militares y civiles mutilados por explosivos y las madres que siguen buscando a sus hijos. Su muerte dio rostro al hartazgo de miles de víctimas de la violencia en Michoacán que todavía esperan justicia.
Su asesinato terminó con su vida, pero no con su proyecto político. Grecia Quiroz asumió legalmente la presidencia municipal y decidió, en memoria de Carlos Manzo, dar continuidad a su legado. No heredó el poder por un acta matrimonial, sino que asumió la responsabilidad de mantener vivo un movimiento ciudadano surgido de la exigencia de seguridad y justicia, dos de las causas más urgentes de México.
Acusarla de lucrar políticamente con esa tragedia confunde profundamente las cosas. Convertir la memoria de una víctima en una causa pública es un derecho. Las madres buscadoras y los familiares de personas asesinadas han impulsado algunas de las luchas más importantes por los derechos humanos en México. Ninguna víctima tiene que renunciar a su voz política para demostrar la autenticidad de su dolor, ni guardar silencio para no incomodar al poder.
Por eso preocupa que las críticas contra Grecia hayan llegado hasta su intimidad. Juan Manzo, hermano del alcalde y funcionario estatal, cuestionó su convivencia con Carlos. Después, el propio gobernador Bedolla confirmó que el acta de defunción lo registraba como soltero e hizo referencia a una relación sentimental anterior. Finalmente, reconoció que esos datos eran irrelevantes para esclarecer el homicidio. Si eran irrelevantes, ¿qué propósito institucional tenía hacerlos públicos?
Lo grave no es únicamente lo que se dijo, sino lo que puede insinuarse y esa fue la intención. Como si la ausencia de matrimonio restara legitimidad a Grecia para gobernar o continuar un proyecto político. Desde la perspectiva de género, trasladar el debate sobre una autoridad a su vida sentimental puede reproducir estereotipos y, cuando concurren los elementos legales, constituir violencia política contra las mujeres.
El Código Familiar de Michoacán reconoce el concubinato. Pero la cuestión de fondo es todavía más elemental. Ninguna mujer necesita ser esposa, concubina o viuda de nadie para ejercer sus derechos políticos.
Y frente a quienes acusan a Grecia Quiroz de hacer uso electoral del asesinato de Carlos Manzo, conviene recordar que convertir la memoria de una víctima en una causa pública es un derecho. La participación política de las víctimas no pierde legitimidad porque incomode a sus adversarios.
Pretender que sólo quienes han hecho carrera dentro de los partidos tienen legitimidad para gobernar es una forma de discriminación política.
Los derechos ciudadanos no dependen de la antigüedad partidista ni del visto bueno de sus dirigencias. En democracia, la legitimidad proviene del pueblo, no de quienes se consideran propietarios del poder. Resulta curioso que quienes tanto invocan aquello de “ el pueblo manda” parezcan olvidar el principio cuando la voluntad ciudadana escapa del control de sus estructuras partidistas.
La memoria de Carlos pertenece a su familia y a todas las víctimas que se sienten indentificadas. Su asesinato, interpela a todo Michoacán. Si, a todo un país; detrás de su nombre hay miles de víctimas anónimas que nunca tuvieron una conferencia de prensa ni un lugar en el debate nacional.
A un año de su muerte, la pregunta fundamental no es quién tiene derecho a continuar su legado, sino qué ha hecho el Estado para evitar que alguien más sea asesinado por ejercer su libertad.
Ésa es la deuda pendiente. Y ninguna disputa partidista, ninguna estadística favorable ni ninguna discusión sobre un acta de defunción puede sustituir la respuesta.
