Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- Debido a omisiones de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, la gobernabilidad de la máxima casa de estudios atraviesa por su momento más crítico.
El incumplimiento de los plazos legales para renovar la Rectoría y la falta de un reglamento de elección —cuya emisión venció desde febrero pasado tras la reforma de 2025— la han sumido en un escenario de parálisis e incertidumbre institucional sin precedentes.
Hay que advertir que, aunque el Consejo Universitario apruebe el reglamento de elección en las próximas horas, el escenario para renovar la Rectoría sigue siendo sumamente complejo debido a la saturación y los múltiples procesos que se avecinan en cascada.
La tensión al interior del Consejo se disparó tras una fallida sesión extraordinaria convocada hace dos semanas para avalar una propuesta de reglamento; al no lograr consenso, quedó abierta de manera indefinida bajo el pretexto de someter el documento a consulta, un freno que choca con el periodo vacacional de fin de año y reduce drásticamente los márgenes operativos.
A esto se suma la promesa incumplida de publicar la convocatoria oficial a más tardar el pasado 30 de octubre. La ausencia de reglas claras y de tiempos idóneos —cuando menos 50 días previos al relevo— deja a la comunidad nicolaita en la indefensión y evidencia la omisión de lineamientos federales fundamentales, como la Ley General de Educación Superior, que exige una consulta previa, libre e informada antes de modificar los procesos de renovación.
Ante este estancamiento y el desbordamiento de los plazos internos, el Congreso local decidió tomar cartas en el asunto. Este martes 3 de noviembre sesionará para desahogar el dictamen de la Comisión de Gobernación, el cual fijará el modelo del proceso electoral rectoral y ordenará un plazo perentorio de diez días para instalar formalmente a la comisión responsable, integrada por ocho miembros —cinco exrectores, un director, un alumno y un docente—, en un intento por devolver la legalidad a la vida universitaria de Michoacán.
