Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- El proceso para elegir a quien encabezará la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) durante el periodo 2027-2031 sumó su tercer freno judicial, luego de que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán otorgara una nueva suspensión provisional que detiene la convocatoria impulsada por la actual administración universitaria.
Esta medida deriva del juicio de amparo 1639/2026, interpuesto por Rolando Arredondo Hernández en contra del Consejo Universitario y otras autoridades de la casa de estudios, sumándose a las suspensiones concedidas previamente dentro de los expedientes III-1642/2026-2 y VI-1637/2026-1, promovidos por Héctor Chávez Gutiérrez y Jorge Arturo Arana Sandoval, respectivamente.
Con esta determinación, se mantiene firme la Comisión de Rectoría que el Congreso del Estado aprobó el pasado 3 de noviembre, lo que implica que la designación del próximo rector o rectora deberá realizarse mediante una vía distinta a la planteada por la administración actual.
Dicho criterio parte del señalamiento de que la rectora Yarabí Ávila incumplió con lo estipulado en la reforma a la Ley Orgánica de la institución, motivo por el cual el órgano jurisdiccional —tras acreditar los requisitos de los artículos 128, 131, 146 y 147 de la Ley de Amparo— ordenó a las autoridades responsables mantener las cosas en el estado que guardan actualmente.
De manera puntual, el fallo judicial instruye suspender la ejecución de la convocatoria publicada el 14 de noviembre en la Gaceta Nicolaita y abstenerse de realizar cualquier acto derivado de los acuerdos tomados por el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de los días 13 y 14 de noviembre de 2026.
Como resultado directo, quedan canceladas tanto la designación de la persona titular de la Rectoría, prevista para el próximo 1 de diciembre, como su toma de protesta programada para el 8 de enero de 2027.
De este modo, todos los plazos de la convocatoria nicolaita permanecen paralizados hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo. Según los elementos asentados en el caso, se confirma la ilegalidad en el proceder de la autoridad universitaria, cuya actuación carece de fundamentación y motivación jurídica y vulnera directamente los principios de legalidad y certeza.
