Por Alejandro Martínez Castañeda
El paquete de reformas laborales impulsado en México desde 2018 no es meramente una serie de ajustes legales; es una rectificación histórica necesaria para corregir un desequilibrio que afectó al trabajador mexicano durante décadas. El país está transitando de una estrategia de competitividad basada en bajos salarios a una que busca fundamentarse en la productividad impulsada por el bienestar y la formalización del empleo.
La recuperación del Salario Mínimo General (SMG), con aumentos que han triplicado su valor nominal en poco más de un sexenio, es la pieza central de esta transformación. Esta política es, sin lugar a dudas, un acto de justicia social impostergable que ha impactado directamente en la base de la pirámide económica.
Sin embargo, el éxito de esta medida se encuentra en la delgada línea que separa la justicia social de la viabilidad económica. Los temores empresariales sobre el impacto inflacionario y la presión sobre las PyMEs son legítimos. La única forma de mitigar este riesgo es que el gobierno y el sector privado canalicen los recursos y la voluntad política hacia una mejora paralela de la productividad. Si los costos aumentan sin un incremento en la eficiencia, la competitividad mexicana podría verse comprometida.
Tan importante como el incremento salarial fue la reforma de 2021 que prohibió la subcontratación de personal en actividades sustantivas (outsourcing o terciarización). Esta medida puso fin a una práctica que se había convertido en un vehículo para la simulación laboral, permitiendo a las empresas evadir responsabilidades clave. En efecto, millones de trabajadores quedaron registrados con salarios inferiores a los reales, repercutiendo en una seguridad social deficiente; también se limitó severamente el acceso al reparto de utilidades; y se obstaculizó la acumulación real de antigüedad.
Al forzar a las empresas a reconocer las relaciones laborales directas, la reforma de outsourcing no solo formalizó millones de puestos, sino que también elevó la base de cotización de seguridad social y mejoró el monto del reparto de utilidades distribuido. Fue una recuperación directa de derechos fundamentales.
La propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas y la ya aprobada ampliación de las vacaciones apuntan directamente a la calidad de vida, alineando a México con los estándares internacionales. El acuerdo de gradualidad para las 40 horas es una concesión necesaria que da tiempo al sector privado para adaptarse mediante la inversión en tecnología y procesos.
Finalmente, las reformas de justicia laboral y democracia sindical complementan el marco, cerrando la puerta a los «contratos de protección» y empoderando a los trabajadores a través del voto libre y secreto. Un sindicalismo legítimo es esencial para una negociación justa en este nuevo panorama.
El periodo 2018-2025 establece un nuevo contrato social en materia laboral. Las iniciativas implementadas, desde el salario mínimo digno y la eliminación del outsourcing hasta la jornada más corta, representan un avance irrefutable en materia de derechos y formalización.
El desafío de esta rectificación laboral es doble: 1. Garantizar la sostenibilidad: Las empresas deben asumir su papel, invirtiendo en innovación para que la productividad crezca al mismo ritmo que los salarios. 2. Mantener la vigilancia: El Estado debe asegurar que la gradualidad y las negociaciones no se diluyan en inacción y que la simulación laboral no se reinvente.
La meta no es solo tener trabajadores mejor pagados, sino un país más equitativo, productivo y competitivo. La agenda laboral de México está en el camino correcto, pero la responsabilidad compartida de hacerla fructificar es ahora el imperativo nacional.
