Por: Alejandro Martínez Castañeda
Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2025.- En un contexto donde los organismos autónomos enfrentan el reto de fortalecer su legitimidad social y su cercanía con la ciudadanía, el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán (TAAM) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunciaron un convenio de colaboración para robustecer sus capacidades institucionales.
El acuerdo, que se consolidará tras la reunión sostenida entre la magistrada Swany Peña Reyes, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del TAAM, la jueza Araceli Pineda Salazar, vicepresidenta de la misma comisión, y el ombudsperson del estado, Josué Alfonso Mejía Pineda, busca ir más allá de la formalidad administrativa: se trata de un esfuerzo por colocar a la igualdad sustantiva y la perspectiva de derechos humanos como ejes rectores en la vida interna y el quehacer público del Tribunal.
Durante el encuentro, en el que también participaron integrantes de la Unidad de Género del TAAM, se entregó al titular de la CEDH el tercer número de “Justicia y Género”, la revista especializada de la institución. Con ello, se refrenda la apuesta del Tribunal por generar conocimiento y abrir espacios de reflexión sobre los derechos de las mujeres y la construcción de una justicia incluyente.
Peña Reyes subrayó que este convenio busca procesos de capacitación para el personal del Tribunal, con énfasis en el respeto a los derechos humanos y la atención a los derechos de las mujeres. En palabras de la magistrada, es un paso para que las y los servidores públicos del TAAM fortalezcan sus competencias en la aplicación de una justicia más humana y sensible a las desigualdades estructurales.
Más que un acuerdo administrativo, este convenio representa la oportunidad de que dos organismos autónomos sumen esfuerzos frente a los desafíos de discriminación, violencia de género y desigualdad que aún persisten en la vida pública y social de Michoacán.
Con ello, TAAM y CEDH envían un mensaje claro: la defensa de los derechos y la perspectiva de género no son un accesorio institucional, sino un imperativo ético y legal para construir confianza ciudadana en la justicia y en los organismos que la garantizan.
