Por Lorena Cortés
El 15 de enero de 2026 se publicó en el DOF el decreto que reforma la Ley General de Salud; su entrada en vigor fue el 16 de enero de 2026. El Estado decidió cerrar el mercado formal de vapeadores y “dispositivos análogos” mediante una prohibición amplia sobre su fabricación y comercio. Para quien infrinja la norma, serán acreedores a penas de 1 a 8 años de prisión.
Sin embargo, como lo muestra la experiencia y la evidencia, la prohibición no elimina el consumo; reconfigura la cadena de suministro. El legislativo mexicano acaba de regalar un mercado negro con márgenes millonarios a los grupos del crimen organizado, un decreto que no atendió la recomendación de los especialistas y que, bajo la narrativa de proteger a los jóvenes, hoy convierte a niñas, niños y adolescentes en el “recurso logístico” ideal del reclutamiento criminal.
Si el vapeo se convierte en mercancía ilícita de alto volumen, la venta por pieza, la entrega a domicilio, los puntos cerca de escuelas, el comercio por redes etc; se vuelven terreno fértil para el reclutamiento. Más claro, el decreto eleva el valor estratégico del adolescente dentro del portafolio criminal.
La prohibición absoluta puede terminar financiando al crimen en México. Con el enfoque punitivo, el Estado apuesta a que el castigo reducirá la oferta, ignorando lo que dice la evidencia.
Una “comparación útil”, es el de Estados Unidos durante la prohibición del alcohol (1920–1933) al prohibir por ley la fabricación y venta, el Estado no eliminó el consumo, sino que tercerizó la oferta en redes clandestinas.
Ese vacío lo ocupó el crimen organizado con una lógica de cadena de suministro ilegal, contrabando, distribución, cobro de piso y captura de autoridades. Al Capone no fue un mito, fue un caso de estudio de cómo una prohibición amplia puede convertirse en motor criminal cuando la demanda persiste.
Peor aún, la prohibición crea un mercado ilegal, sin controles de calidad, donde los productos pueden ser más peligrosos por adulteraciones; activistas propusieron, sin suerte, enfoques regulatorios para mitigar daños en lugar de prohibir, criticando que la medida es contraproducente.
Gobernar con decretazos es administrar el problema. En seguridad, eso significa abrir una prohibición sin músculo para ejecutarla, por que la demanda no desaparece, por el contrario el precio incorpora “riesgo” y ese margen financia redes, armas, sobornos y reclutamiento.
El Estado presume control en el DOF, pero en la calle crea máss incentivos: más contrabando, más corrupción y más disputa por el territorio. En pocas palabras, un decretazo sin capacidad operativa no reduce el delito; lo profesionaliza.
