*La iniciativa plantea agilizar los juicios de filiación, facilitar gratuitamente las pruebas de ADN a familias en situación vulnerable y establecer consecuencias legales ante la evasión injustificada de los presuntos progenitores.
Garantizar que niñas, niños y adolescentes conozcan su origen biológico y puedan ejercer plenamente sus derechos es el propósito de la iniciativa presentada por la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta, mediante la cual propone reformar cinco ordenamientos legales de Michoacán para fortalecer los procedimientos de reconocimiento de paternidad y evitar que las evasivas de los presuntos progenitores prolonguen la incertidumbre jurídica y económica de las familias.
La propuesta parte de una problemática que enfrentan madres y tutoras en los procesos de filiación: las incomparecencias reiteradas, las negativas a realizarse pruebas genéticas y las prácticas que retrasan los procedimientos judiciales. Estas conductas pueden mantener durante meses o años a niñas y niños sin certeza sobre su identidad, filiación y derechos alimentarios.
Al respecto, Pedraza Huerta plantea que los juicios de reconocimiento de paternidad tengan una resolución más ágil y que la negativa injustificada del presunto progenitor a someterse a una prueba de ADN, o su inasistencia sin una causa médica debidamente acreditada, active la presunción legal de la filiación señalada en la demanda, conforme a las condiciones previstas en la iniciativa.
Uno de los componentes centrales es eliminar las barreras económicas para acceder a las pruebas de genética molecular. Para ello, propone crear una partida presupuestal especial dentro del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, con la que el Poder Judicial pueda cubrir gratuitamente los estudios de ADN cuando las familias no tengan recursos suficientes. La iniciativa también contempla que, una vez determinada la paternidad, el responsable reembolse los gastos generados mediante los mecanismos de cobro correspondientes.
Asimismo, se plantea que, ante la incomparecencia o negativa injustificada del presunto progenitor, las autoridades judiciales puedan fijar de inmediato una pensión alimenticia provisional y ordenar medidas precautorias para garantizar su cumplimiento, incluyendo la retención salarial y el embargo precautorio de bienes.
La iniciativa también contempla los casos en que el presunto padre fallece antes de que se resuelva el reconocimiento de paternidad. En estas circunstancias, propone proteger los derechos de hijas e hijos concebidos o póstumos mediante la suspensión provisional de la partición o adjudicación de la herencia y la anotación preventiva de los bienes, mientras se determina judicialmente la filiación.
En materia de protección a la infancia, la propuesta busca reconocer la obstrucción, evasión o negativa injustificada a realizar pruebas biológicas ordenadas por un tribunal como una forma de maltrato y violencia, además de establecer prioridad y máxima celeridad para los juicios de filiación.
De igual manera, plantea modificaciones al Código Penal para sancionar las conductas dirigidas a evadir las obligaciones alimentarias mediante la simulación de insolvencia, el abandono deliberado del empleo o la negativa injustificada a realizarse una prueba genética con el propósito de evitar el cumplimiento de dichas responsabilidades. También propone sancionar a profesionales de la salud o peritos que faciliten documentos médicos falsos para obstaculizar las diligencias judiciales.
Para concretar estos cambios, Nalleli Pedraza propone reformas al Código Familiar, Código Civil, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Orgánica del Poder Judicial y Código Penal, todos del Estado de Michoacán.
Finalmente, la legisladora señaló que el derecho a la identidad no debe quedar condicionado a la capacidad económica de las familias ni a las estrategias de quienes buscan evadir sus responsabilidades. Con esta propuesta, busca fortalecer la protección jurídica de la niñez, garantizar el acceso a la justicia y asegurar que el reconocimiento de la filiación se traduzca también en el ejercicio efectivo de derechos como los alimentos, la seguridad social y la protección patrimonial.
