Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 06 de noviembre de 2026.-La Secretaría de Cultura del Gobierno de México destinó 163.6 millones de pesos durante 2026 a acciones culturales en Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Entre los resultados reportados se encuentran 12 proyectos de intervención en patrimonio histórico, apoyos para creadores, fortalecimiento de festivales y programas de formación artística y promoción de la lectura.
Al presentar el balance el pasado 4 de noviembre, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que la inversión representa un incremento de 250 por ciento respecto a ejercicios anteriores y que los estímulos y apoyos beneficiaron a alrededor de 10 mil creadores, promotores y colectivos comunitarios.
En materia de conservación patrimonial, la funcionaria señaló que se atendieron 12 proyectos de intervención orientados al cuidado de bienes culturales y la memoria histórica. Asimismo, destacó que la colaboración con la Secretaría de Turismo permitió incrementar 22 por ciento la afluencia de visitantes a las zonas arqueológicas respecto de 2025, con un total de aproximadamente 95 mil personas.
Michoacán cuenta con seis zonas arqueológicas abiertas al público: Tzintzuntzan, Ihuatzio, Tingambato, Tres Cerritos, Huandacareo y San Felipe de los Alzati, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Estos espacios constituyen parte del patrimonio histórico de las distintas sociedades que habitaron el territorio michoacano.
Restauración y turismo comunitario
Entre las intervenciones anunciadas por otras dependencias federales destacan las acciones de conservación en inmuebles históricos y zonas arqueológicas. En junio pasado, el Centro INAH Michoacán informó que contemplaba una inversión aproximada de 26 millones de pesos para trabajos en los seis sitios arqueológicos, además de la restauración del templo de Tupátaro y seis capillas del siglo XVI ubicadas en comunidades indígenas.
Por otra parte, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció una inversión federal de 300 millones de pesos para infraestructura turística y comunitaria. El programa contempla la rehabilitación del entorno de las ruinas de San Juan Parangaricutiro, donde se proyectaron senderos, miradores, un jardín botánico y espacios para la promoción de la gastronomía tradicional.
También incluye el reforzamiento del panteón de la isla de Janitzio, la construcción de pasarelas para ordenar el tránsito de visitantes y la rehabilitación de muelles en distintas islas del lago de Pátzcuaro. De acuerdo con el gobierno federal, estos proyectos fueron planteados para fortalecer el turismo comunitario y procurar que sus beneficios alcancen a las poblaciones locales.
Cultura como derecho y desarrollo comunitario
El balance de la Secretaría de Cultura también reportó el crecimiento de los apoyos a festivales locales, que pasaron de siete a 33; la integración de 100 coros comunitarios con más de cinco mil niñas y niños, y la entrega de 600 instrumentos musicales para fortalecer agrupaciones artísticas.
En el ámbito editorial, la colección “25 para el 25” y la Ruta del Librobús alcanzaron a cerca de 98 mil jóvenes, mientras que las acciones para mejorar el acceso a bibliotecas públicas beneficiaron a 48 mil 473 personas.
Estas acciones forman parte del noveno eje del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla 12 ejes de intervención en ámbitos como seguridad, desarrollo económico, infraestructura, agua, educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, juventud y justicia para los pueblos indígenas.
La dimensión cultural de esta estrategia plantea un desafío que va más allá de la restauración física de edificios: preservar la memoria colectiva, fortalecer las expresiones de los pueblos originarios y garantizar que las comunidades participen en la protección y aprovechamiento social de su patrimonio.
La conservación de templos, zonas arqueológicas, museos, tradiciones y espacios comunitarios no solamente representa una oportunidad para el turismo. También constituye una responsabilidad pública frente al derecho de las personas y los pueblos a participar en la vida cultural, preservar su identidad y transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.
