Diputados aprueban Ley de Economía Digital para impulsar pagos electrónicos
Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 07 de octubre de 2026.-La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, propuesta por el Ejecutivo Federal, con la que se busca ampliar el uso de medios de pago digitales y reducir gradualmente la dependencia del efectivo en determinadas actividades económicas.
El dictamen fue aprobado en el pleno y enviado al Senado de la República para continuar su proceso legislativo, por lo que aún no constituye una ley vigente.
Entre sus principales disposiciones se encuentra el reconocimiento de la CURP Digital como mecanismo de identificación y confianza para facilitar la contratación remota de servicios financieros, así como la creación del Expediente Digital Ciudadano, destinado a facilitar el uso de documentos e información digital en trámites y servicios.
La propuesta también establece que los tres órdenes de gobierno deberán contar con infraestructura para recibir pagos digitales en trámites y servicios públicos.
Uno de los aspectos de mayor impacto es la facultad que se otorgaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar sectores o actividades estratégicas en los que puedan establecerse pagos exclusivamente electrónicos. Entre los ejemplos señalados durante la discusión se encuentran gasolineras y casetas de peaje.
La iniciativa no plantea eliminar de manera general el uso del efectivo, sino avanzar hacia una reducción gradual de estas operaciones en actividades determinadas. También contempla mecanismos para situaciones de contingencia que impidan temporalmente realizar pagos digitales.
El proyecto busca además fortalecer la inclusión financiera, particularmente entre pequeños comercios, mediante herramientas como transferencias electrónicas, tarjetas, códigos QR, CoDi y DiMo.
De acuerdo con sus objetivos, la digitalización de los pagos permitiría reducir tiempos y costos de transacción, mejorar la trazabilidad de las operaciones económicas y fortalecer los mecanismos de control fiscal y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La minuta se encuentra ahora en el Senado, donde deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente.
