Michoacán busca fortalecer el cooperativismo y la economía desde los municipios

Por Alejandro Castañeda

MORELIA, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.— Fortalecer las economías comunitarias, ampliar las oportunidades de comercialización para pequeños productores y reconocer al cooperativismo como una herramienta de desarrollo local son algunos de los objetivos de dos iniciativas presentadas recientemente por el diputado Juan Pablo Celis Silva ante el Congreso de Michoacán.

Las propuestas plantean reformas a la Ley de Desarrollo Económico del Estado y a la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de incorporar de manera más explícita la promoción de la economía social y solidaria en las responsabilidades de los ayuntamientos.

Su relevancia radica en que colocan en la agenda legislativa la necesidad de generar mejores condiciones para que artesanos, productores agroalimentarios, pequeñas unidades económicas y sociedades cooperativas participen en los mercados y obtengan mayores beneficios por su trabajo.

El municipio como promotor de la economía local

La primera iniciativa propone incorporar a la Ley de Desarrollo Económico estatal un capítulo denominado “Del Fomento Económico Municipal y de la Economía Social”.

El proyecto contempla que los ayuntamientos promuevan, conforme a sus competencias y disponibilidad presupuestaria, ferias, exposiciones, tianguis y otros espacios para difundir y comercializar los productos y servicios de cooperativas y productores locales.

También plantea establecer mecanismos de vinculación directa entre productores y consumidores, cadenas comerciales o empresas mayoristas, con el objetivo de reducir la intermediación innecesaria y favorecer precios justos.

Otro componente es impulsar productos que cuenten con distintivos como Michoacán de Origen, denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, además de facilitar el uso de espacios e infraestructura municipal para actividades comerciales.

La segunda iniciativa plantea modificar la Ley Orgánica Municipal para incorporar el fomento de la economía social y solidaria entre las atribuciones de los ayuntamientos.

Entre sus planteamientos destaca transformar la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio y Trabajo en la Comisión de Comercio, Fomento Económico y Economía Social. Asimismo, busca facultar a las dependencias municipales para integrar y actualizar padrones de cooperativas, artesanos y pequeños productores, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.

Comercialización directa y desarrollo comunitario

Uno de los principales aportes potenciales de ambas propuestas es reconocer que los gobiernos municipales pueden desempeñar un papel más activo en el fortalecimiento de las actividades productivas de sus territorios.

Por su cercanía con las comunidades, los ayuntamientos tienen posibilidades de identificar las necesidades de los productores, conocer sus capacidades y facilitar espacios de encuentro con consumidores y otros agentes económicos.

Para muchas pequeñas unidades productivas, el problema no se limita a elaborar bienes de calidad, sino a encontrar mercados, promover sus productos y obtener ingresos suficientes. La dependencia de intermediarios, la falta de espacios permanentes de venta y las dificultades para acceder a canales comerciales más amplios pueden reducir los beneficios que permanecen en las comunidades.

En ese sentido, las ferias y exposiciones pueden abrir oportunidades, siempre que formen parte de estrategias continuas y no se reduzcan a actividades ocasionales.

Las iniciativas también consideran la participación de sectores que enfrentan mayores barreras económicas, como mujeres jefas de familia, jóvenes, comunidades rurales y pueblos originarios. En Michoacán, este enfoque resulta relevante para actividades artesanales y agroalimentarias vinculadas con la identidad cultural y los conocimientos comunitarios.

Los desafíos para llevarlas a la práctica

El alcance de las propuestas dependerá de las condiciones en que puedan aplicarse. Incorporar nuevas atribuciones a los ayuntamientos no garantiza por sí mismo que existan los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplirlas.

La primera iniciativa establece que las acciones municipales deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria y respetar la autonomía de los ayuntamientos. Esta previsión reconoce las diferencias entre administraciones, pero también plantea el desafío de evitar que los municipios con menores recursos queden rezagados en la implementación.

Otro reto será construir padrones confiables y transparentes, con criterios claros para acceder a programas, estímulos e infraestructura. También será necesario evitar que los apoyos se concentren en organizaciones con mayores capacidades de gestión y dejen al margen a los productores más pequeños.

A ello se suma la necesidad de que los espacios de comercialización tengan continuidad y se acompañen de capacitación, asistencia técnica y mecanismos de acceso a nuevos mercados. El fortalecimiento de las cooperativas requiere atender también sus necesidades de financiamiento, administración y consolidación productiva.

En Michoacán existe una base organizativa sobre la cual pueden desarrollarse estas políticas. La Unión de Cooperativas de Michoacán “Lázaro Cárdenas del Río” ha reportado una integración superior a 8 mil personas, cerca de 400 cooperativas y colectivos, con presencia en más de 50 municipios. Esta experiencia refleja la presencia territorial del sector y la importancia de vincular sus organizaciones con políticas públicas de mayor alcance.

El desafío de fondo consiste en pasar del reconocimiento jurídico de la economía social a una política pública que la fortalezca. Esto implica que los municipios no sean únicamente facilitadores de eventos comerciales, sino participantes de una estrategia que amplíe las oportunidades productivas, reconozca el trabajo colectivo y contribuya a que una mayor parte de la riqueza generada permanezca en las comunidades, según refieren representantes del sector cooperativo michoacano.