Víctor Zurita y Fuerza Sorda celebran reconocimiento de la LSM como Patrimonio Lingüístico en Michoacán

 

-Agradece y reconocen a la diputada Emma Rivera Camacho por su apoyo y respaldo a la comunidad sorda y aporte a la inclusión

La Lengua de Señas Mexicana es un derecho cultural de las personas sordas, y a través de ella la comunidad sorda puede hacer un ejercicio efectivo de otros derechos, subrayó Víctor Zurita Ortiz, exdiputado local e integrante activo de la comunidad de Fuerza Sorda, al celebrar la aprobación del dictamen que reconoce oficialmente LSM como parte del Patrimonio Lingüístico del Estado de Michoacán.

Con esta reforma constitucional, se establece por Ley que la Lengua de Señas Mexicana es un medio de comunicación y un derecho de las personas sordas, conforme a los principios de transversalidad, accesibilidad y no discriminación. Además, se reconoce como una lengua oficial en Michoacán.

Víctor Zurita Ortiz reconoció y agradeció especialmente a la diputada Emma Rivera Camacho, quien retomó y promovió esta propuesta que él mismo impulsó en la legislatura anterior, pero que no logró dictaminarse por falta de sensibilidad.

“En México, según datos del INEGI, existen alrededor de 8.8 millones de personas con alguna discapacidad, y en Michoacán, el 7.2% de la población mayor de cinco años vive en esta condición. De ellos, más de 2.3 millones presentan discapacidad auditiva”, subrayó.

Asimismo, lamentó que sólo existan 40 intérpretes certificados en Lengua de Señas Mexicana en todo el país, lo que representa un intérprete por cada 127 mil personas sordas, evidencia clara de los retos de inclusión.

Víctor Zurita enfatizó que la lengua de señas no es solo un medio de comunicación, sino también un elemento clave de identidad y pertenencia. “La lengua de señas es mi lengua materna, mi vínculo con el mundo. Me ha permitido ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la educación, al trabajo, y a la vida pública y privada.”

Finalmente, señaló que esta reforma representa un avance significativo hacia una sociedad más incluyente y con justicia social, donde todas las personas, sin importar su condición, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.